La Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, evidenció que entre enero y agosto del 2023 se registraron 1080 conflictos sociales, que representa un incremento del 34% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando se registraron 804.

La totalidad de los eventos ocurrieron en 310 municipios de 30 departamentos del país, donde Bogotá registró el 15% de los sucesos; Magdalena, 7%; Bolívar, 7%; Santander, 7%; Antioquia, el 6%; Valle del Cauca, 5%; Atlántico, 5%, La Guajira, 5%; Norte de Santander, 4% y Cauca, 4%.

Se debe resaltar que en lo corrido del año 2023 los conflictos que han tenido una mayor relevancia en el contexto nacional son: los conflictos laborales (16%), los conflictos por la garantía al derecho a la educación (15%), los conflictos por la inversión o presencia estatal (12%), los conflictos en el sector transporte (11%), los conflictos por el derecho a la vida, integridad y seguridad (11%) y, los conflictos por las falencias en la prestación de servicios públicos domiciliarios (10%).

“Lo hemos dicho en distintos escenarios: es fundamental que la institucionalidad trabaje de forma articulada en la prevención temprana para que los reclamos de las comunidades en las regiones del país no terminen en eventos de esta naturaleza; eventos que, en ocasiones, se salen de control y la misma población es la directamente afectada”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El informe, elaborado por la delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social, señala que mayo y julio fueron los meses con el mayor número de eventos: 165 y 169, respectivamente.

Atendiendo al mismo periodo comparativo, los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción o inconformidad por acciones u omisiones del Estado o de particulares fueron los bloqueos o cortes de ruta (40% de los eventos), plantones o concentraciones (28%), marchas o movilizaciones (13%), paros cívicos o cese de actividades (7%), ocupación o toma de instalaciones (4%), otros (4%). Cabe resaltar que solamente en el 10% de estos eventos se registraron disturbios.

Los bloqueos o cortes de ruta tuvieron un aumento del 100%; algunos de estos, se llevaron a cabo en la vía Panamericana afectando los departamentos de Cauca, Valle y Nariño; de igual modo en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas por temas relacionados con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), atención estatal y crisis humanitaria.

También se presentaron bloqueos en Córdoba y Antioquia por las demoras en el cumplimiento de los compromisos adquiridos frente al mejoramiento vial. Por el paro minero en el Bajo Cauca y por la crisis en La Mojana. En La Esperanza, Norte Santander en rechazo a un proyecto de relleno sanitario en el territorio, y en Meta y Cundinamarca por las afectaciones que generan los constantes cierres de la vía al llano.

Por otro lado, la ocupación o toma de instalaciones incrementó 100%; las huelgas de hambre: 143%, y los paros cívicos/cese de actividades: 114%. Si bien los primeros ocho meses de 2023 se carácterizaron por las movilizaciones promovidas por el Gobierno a favor de las reformas que han cursado trámite en el Congreso de la República, al igual que las impulsadas por la oposición, las marchas registraron una disminución del 5%.

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