El Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, aseguró hoy que tras 16 meses de gestión este organismo de supervisión se ha transformado en una Entidad amiga, aliada y solidaria con los usuarios, que garantiza soluciones efectivas a casos de riesgo de vida, que hace presencia funcional en los territorios más vulnerables y que ha restablecido el control sobre los actores del sistema con la imposición de 431 multas por 170.000 millones de pesos y la aplicación de medidas cautelares de inmediato cumplimiento.

“En este periodo de Gobierno hemos cumplido nuestros dos ejes de actuación como lo son trabajar para garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes de Colombia y proteger los recursos públicos para el goce efectivo de ese derecho”, señaló el Superintendente.

Al hacer un balance de gestión, Beltrán López reveló ante los medios de comunicación que, desde agosto de 2022 hasta la fecha, se han radicado ante la Supersalud un total de 1.740.747 reclamos de los usuarios por todo tipo de inconformidades y casos de inatención por parte de las entidades de aseguramiento -EPS principalmente- a las que están afiliados.

El Superintendente dijo que para dar mayor resolutividad a todas estas manifestaciones de desprotección presentadas, la Entidad adoptó en julio pasado una nueva metodología para clasificar los reclamos de acuerdo con tres niveles de riesgo: simple, priorizado y riesgo vital. Sobre este último riesgo, donde está comprometida la integridad de los pacientes y se requiere la actuación inmediata de la Supersalud, se registra un porcentaje de cierre efectivo de los casos de 99,46%.

Los territorios donde se registran la mayor cantidad de reclamos son Bogotá y los departamentos de Antioquia, Valle del cauca, Cundinamarca y Santander.

Bajo la nueva metodología, se han radicado 510.999 reclamos y la mayoría presentan como motivos la negación en la asignación de citas o consultas, la demora de esas citas, la negación en la atención de otros servicios de salud y la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos e insumos.

Diálogos de cercanía a los usuarios

El superintendente resaltó que en los últimos meses ha liderado la realización de 14 diálogos directos con las comunidades de municipios en territorios vulnerables, logrando presencia en lugares apartados de la geografía nacional donde no se había garantizado presencia institucional antes.

En estos ejercicios de participación ciudadana, asistieron y participaron más de 2.660 ciudadanos, quienes presentaron 1.418 reclamos que se resolvieron casi en su totalidad. “Dimos solución a atenciones, tratamientos y entrega de medicamentos vitales que estaban siendo negados desde meses y hasta años por parte de las EPS y otros aseguradores”, expresó.

Plan para hacer presencia en todo el país El superintendente dio a conocer el programa de expansión de la Entidad en los territorios, que empezó en marzo de este año con la apertura de una Oficina Regional en La Guajira y continuará en el primer trimestre de 2024 con una sede en San Andrés y Providencia y seguirá a lo largo del año con Regionales en Pasto Cúcuta, Ibagué, Arauca y Leticia; al igual que Oficinas de Atención en Mitú, Inírida y Mocoa.

Esta estrategia de ampliación territorial, dijo, responde a uno de los compromisos del Gobierno del presidente Gustavo Petro de tener presencia funcional en toda la geografía nacional, dando prioridad a los departamentos de la Colombia Profunda donde se concentran las poblaciones con mayores vulnerabilidades en salud.

En ese mismo sentido, durante este 2023 las Direcciones Regionales de la Supersalud han realizado 92 mesas de inspección y vigilancia y 97 acciones en territorio, con mesas de trabajo focalizadas para cumplir sentencias de la Corte Constitucional en la Alta Guajira, Meta, Chocó, Antioquia, Santander y Norte de Santander.

Se destaca el hecho de que por primera vez la Superintendencia ha hecho presencia en 105 municipios de la Colombia Profunda que nunca habían sido visitados por este ente de control.

Medidas cautelares y sanciones.

Al destacar que la actual Superintendencia ha restablecido la función de control sobre los actores que vulneran el derecho a la salud de los usuarios, Beltrán López reveló que entre agosto de 2022 y noviembre de 2023 se han impuesto 524 sanciones a EPS, IPS, entidades territoriales, personas naturales y generadores, recaudadores o administradores de recursos.

De esas sanciones, 413 han sido multas a los diferentes actores por un total de $170.000 millones, en procesos de primera instancia, y el mayor sector sancionado es el de los aseguradores con 149 multas para EPS por $80.527 millones.

Los prestadores han recibido 39 multas por $27.971 millones, mientras los generadores o recaudadores de recursos 76 multas por $25.723 millones y los entes territoriales 42 multas por $15.775 millones.

“Reactivamos muchos procesos de investigación que estaban engavetados y actuamos para sancionar la mala prestación de servicios, la falta de reporte de información y el inadecuado flujo de recursos”, sostuvo el Superintendente.

También se reactivaron las medidas cautelares, con la imposición de 8 de ellas a las EPS Sanitas, SURA, Salud Total (2), Nueva EPS, Compensar, Mutual Ser y Asmet Salud. Estas medidas son de cumplimiento inmediato y se ordenan para que las EPS frenen aquellas acciones que obstaculizan la atención de pacientes en riesgo de vida.

De igual manera, a través de la función jurisdiccional, o Juez de la salud, se han proferido 3.321 sentencias providencias para proteger la vida y salud de los usuarios, para garantizar la efectiva prestación de los servicios y para velar por el adecuado flujo de los recursos públicos.

De igual manera, el Superintendente destacó el esfuerzo para proteger el flujo de los recursos públicos que circulan por el sistema de salud y dio a conocer que hasta la fecha se ha recuperado cartera por cerca de 1.7 billones de pesos para 660 clínicas y hospitales de todo el país a través del mecanismo de la conciliación.

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