La Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas advirtió un complejo escenario de crisis humanitaria, caracterizado por fenómenos de revictimización y nuevas afectaciones.

Solicitó que sean garantizados los derechos a la vivienda, educación, salud, entre otros, para que las víctimas superen el estado de vulnerabilidad actual.

Además, señaló que por la falta de articulación entre las entidades encargadas persisten dificultades para las comunidades desplazadas forzosamente para ejercer de manera plena los derechos al retorno, la reubicación y la posterior generación de ingresos. Al ejercerlos, evitaría que dependan de indemnizaciones.

La Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas (1448 de 2011), integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y los representantes de los pueblos étnicos, señaló en el décimo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas, presentado al Congreso de la República, que se necesita con urgencia una articulación efectiva de las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas.

Añadió que se requerirían alrededor de $252,4 billones, entre 2023 y 2031, para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación para los más de nueve millones de víctimas del conflicto armado.

La Comisión también indicó que para el 2022 se presentó un rezago de $732.100 millones disponibles que no fueron ejecutados por las entidades nacionales encargadas, y de $430.819 millones en productos y servicios que esos mismos entes no recibieron en la vigencia. Las entidades con menores recursos ejecutados fueron el Ministerio de Justicia, el Fondo Nacional de Vivienda y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Manifestó su preocupación por la constante reducción en términos reales de los recursos asignados a la Política Pública de Atención y Reparación a Víctimas (PPARIV), pues para el 2021 fue de $8 billones; en el 2022, de $7 billones, y para el 2023 solamente se programaron $5,7 billones, un 22 % menos frente a la vigencia anterior.

Llamó la atención frente a la baja ejecución de recursos de departamentos como Cauca, con un 8 %; Cundinamarca, con 26 %; Boyacá, con 31 %; San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con 48 %; Vichada, con 55 %, y Arauca, con 41%, y también evidenció grandes brechas en la asignación de recursos de las entidades territoriales en relación con el número de víctimas por ubicación, con una relación muy baja en lugares como Boyacá, Chocó, Cauca y Nariño.

Crisis humanitaria por desplazamientos forzados

La Comisión advirtió un complejo escenario de crisis humanitaria, caracterizado por fenómenos de revictimización y nuevas afectaciones, incluso en el marco de los procesos de acercamiento y negociaciones de la Paz Total. Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), durante el 2022 fueron registrados 129 eventos por desplazamiento forzado de carácter masivo que afectaron a 56.558 personas, y 47 eventos de confinamiento de 41.106 personas.

Sostuvo que en el mismo año los homicidios de lideresas, líderes y de quienes defienden los derechos humanos tuvieron un incremento significativo del 32,5 % en comparación con los registrados en el 2021. Agregó que persiste la barrera en la ruta de protección individual y colectiva para la población con orientación de género diverso, en especial para hombres gais, personas no binarias y hombres transgénero.

En cuanto a la oferta de servicios, indicó que no se ha podido concretar la apertura de los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) de Ibagué y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Así mismo, llamó la atención sobre el notable deterioro de la infraestructura de las sedes de Valledupar y Curumaní (Cesar), Villavicencio (Meta) y Barranquilla (Atlántico).

La Comisión estableció que durante el 2022 el 1,72 % de los hogares viables para entrega de atención humanitaria de emergencia no accedió a esa medida, y para el primer trimestre del 2023, el 14,46 % de estos sujetos de atención por primer año no la recibió, por lo cual, en los primeros tres meses del presente año no se cumplió con la meta formulada en el indicador del documento Conpes 4031 de 2021.

Señaló que persisten dificultades para las comunidades desplazadas forzosamente para ejercer de manera plena los derechos al retorno y la reubicación, pues a 31 de diciembre del 2022 solo el 12,71% superó su condición de vulnerabilidad.

En cuanto al tema de rehabilitación, indicó que el Gobierno nacional, pese a los esfuerzos realizados en materia presupuestal, debe establecer una destinación específica de recursos que garanticen la atención diferencial para niñas, niños y jóvenes.

Atención integral e indemnización a víctimas estancada

La Comisión agregó que continúa el estancamiento en el número de víctimas en general atendidas; lo anterior, marcado con mayor énfasis en las zonas más apartadas del país, ya que se registró una disminución en la atención brindada: en 2022 fueron 10.806, frente a 68.799 en 2021 equivale a una reducción del 76%.

Sobre restitución de tierras, se evidenció una baja gestión en el trámite para la protección predial en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA) por parte de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). De las 1186 solicitudes para la inscripción en el RUPTA, 621 quedaron en trámite sin decisión de fondo; es decir, solamente el 52 % del total de las presentadas en 2022.

Frente a los subsidios de vivienda, entre el 2000 y marzo del 2023, la Comisión precisó que solo fueron asignados 316.127 subsidios para vivienda urbana y 56.915 para rural de un total de 1.205.718 hogares integrados por víctimas de desplazamiento. De este total, no se han entregado 70.013 subsidios debido a proyectos de vivienda que no se han terminado, están paralizados o siniestrados.

En materia de generación de ingresos, se requiere una política específica para población víctima, ya que, según información del DANE (2021), esta población es más vulnerable dentro de los vulnerables del país. Las tasas de incidencia de pobreza para esta población son superiores al total nacional en 10,8 % en pobreza monetaria y en 5,7 % en condición extrema. En abril del 2023, en Sisbén IV se registraron 6.187.942 víctimas, y un 79 % de ellas continúa en los niveles más bajos de pobreza extrema y pobreza moderada.

La Comisión indicó que hay un total de 8.5 millones de eventos pendientes por indemnizar, con un costo estimado por la UARIV de $67.4 billones. Aseguró que el mayor número de personas indemnizadas corresponde a desplazamiento forzado, con un 64,4 % (762.943); seguido de homicidio, con 27,5 % (329.420), y desaparición forzada, con un 4,9 % (56.738).

En cuanto al enfoque de género, la Comisión evidenció que a diciembre del 2022 fueron indemnizadas 8816 mujeres víctimas de delitos contra la integridad y formación sexual en el marco del conflicto armado, lo que frente al universo de mujeres víctimas por este hecho (34.067) representa solo el 28 %, cifra que continúa siendo baja.

La Comisión llama la atención sobre el rezago en las indemnizaciones colectivas de sujetos étnicos de reparación. Entre el 2016 y el 2022 fueron indemnizados colectivamente 83 Sujetos Étnicos de Reparación por un valor total de $25.372 millones, que corresponde al 13% de los sujetos de reparación colectiva pendientes.

Incumplimiento en sesiones de las Mesas Departamentales de Víctimas

Para la Comisión, continúan las deficiencias en la coordinación y articulación entre la nación y las entidades territoriales, relacionadas con la falta de planes para acompañamiento técnico a aquellas que cuentan con los recursos y las capacidades, pero presentan baja implementación de la Política Pública de Víctimas, que se evidencia en el incumplimiento con el mínimo de sesiones que deben realizar las Mesas Departamentales de Víctimas.

Es necesario reforzar las capacidades administrativas y de gestión de municipios como Cáceres (Antioquia), Patía (Cauca), Bagadó (Choco), San Zenón (Magdalena), Colón (Nariño) y Sucre (Sucre), los cuales cuentan con niveles muy bajos de gestión. Es prioritario realizar un seguimiento a la gestión pública de los municipios de Mutatá (Antioquia), Cartagena (Bolívar), Puerto Concordia y Mapiripán (Meta), Colosó (Sucre) y Chiriguaná (Cesar), que reiteradamente siguen concernidos en las vigencias pasadas.

Por eso, recomendó al Gobierno nacional avanzar en la estrategia de coordinación Nación – territorio, priorizando la asistencia oportuna, atención y reparación integral a la población víctima del conflicto armado.

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