Una decisión judicial sacude el tablero político del país y golpea directamente a la representación parlamentaria de Arauca. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó medida de aseguramiento en contra la representante a la Cámara reelecta por Arauca, Karen Manrique, en medio del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 
La decisión también cobija al congresista Wadith Manzur, mientras que otros cuatro parlamentarios deberán enfrentar juicio por los mismos hechos.
Los congresistas acusados
La Sala de Instrucción, con la participación de dos conjueces, decidió llamar a juicio a seis integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con proyectos gestionados a través de la UNGRD.
Los procesados son:
• Wadith Manzur
• Julián Peinado
• Juan Diego Muñoz
• Karen Manrique
• Liliana Bitar
• Juan Pablo Gallo
Todos deberán responder por el presunto delito de cohecho impropio, tras ser señalados de haber llegado a un acuerdo con funcionarios del Gobierno a finales de 2023 para emitir conceptos favorables a operaciones de crédito público a cambio de beneficios representados en proyectos de obras e interventorías.
El valor de esos proyectos habría alcanzado 92.000 millones de pesos.
El presunto acuerdo
De acuerdo con la investigación, los congresistas habrían participado en reuniones realizadas en el Ministerio de Hacienda entre el 5 y el 6 de diciembre de 2023, donde se habría planteado una transacción política:
votos favorables en la comisión de crédito público
gestión de proyectos financiados a través de la UNGRD
La exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides declaró ante la justicia que en esas reuniones se discutieron montos de recursos que beneficiarían proyectos impulsados por los congresistas.
Según su testimonio, la propuesta incluía cupos indicativos por miles de millones de pesos en obras públicas, gestionadas a través de la entidad encargada del manejo de emergencias en el país.
El proyecto que salpica a Arauca
Uno de los proyectos mencionados en la investigación estaba relacionado con obras de protección para reducir el riesgo de inundaciones en el río Bojabá, en Saravena, Arauca, con una inversión estimada en 34.187 millones de pesos.
Según la Corte, ese proyecto interesaba a varios congresistas involucrados en el caso.
Una ponencia de más de 700 páginas
La decisión judicial se tomó tras analizar una ponencia de 731 páginas elaborada por el magistrado Misael Rodríguez, en la que se concluyó que existen indicios suficientes de la existencia de un acuerdo ilegal entre congresistas y funcionarios del Gobierno.
En palabras del documento judicial, los investigados habrían actuado como intermediarios entre el nivel central y regional para impulsar proyectos a cambio de respaldo político, lo que configuraría un esquema de “mercantilización de la función pública”.
La decisión llega tras la reelección
El fallo se conoce pocos días después de las recientes elecciones legislativas, en las que:
• Wadith Manzur resultó elegido senador con 134.914 votos.
• Karen Manrique obtuvo la curul de paz por Arauca en la Cámara de Representantes con 5.640 votos.
•
La defensa
Los congresistas han insistido en su inocencia.
En el caso de Manrique, su defensa sostiene que nunca aceptó promesas remuneratorias y que sus gestiones ante entidades del Gobierno se limitaron a hacer seguimiento a proyectos para beneficio de comunidades, algo que —según argumentan— está permitido dentro de las funciones parlamentarias.
Lo que sigue
La decisión de la Corte no es definitiva. Los procesados podrán interponer recurso de reposición, mientras avanza el proceso judicial que busca establecer si existió o no un acuerdo ilegal detrás de la aprobación de operaciones de crédito público.
Mientras tanto, el escándalo de la UNGRD continúa ampliando su alcance y ya toca directamente las puertas del Congreso.
Y en el caso de Arauca, la noticia no pasa desapercibida: una congresista recién reelegida ahora deberá enfrentar su proceso con medida de aseguramiento.
