Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, la violencia en Colombia ha generado una grave crisis humanitaria, con 87.898 personas desplazadas forzosamente y 71.219 confinadas por grupos armados ilegales, según el más reciente boletín de la Defensoría del Pueblo. Solo en agosto, se registraron 16 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 2.934 personas y 10 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 6.174, consolidando este mes como el de mayor número de desplazamientos en el año. Además, se identificaron 173 situaciones de riesgo de desplazamiento y/o confinamiento, evidenciando la intensificación del conflicto en varias regiones del país.
La crisis se concentra en departamentos como Norte de Santander, donde 73.300 personas, principalmente en la subregión del Catatumbo, han sido desplazadas debido a la violencia armada, afectando desproporcionadamente a mujeres, niños, adolescentes, líderes sociales y comunidades indígenas. Chocó reporta la mayor cifra de confinamiento, con 15.320 personas limitadas en su movilidad, lo que restringe gravemente su acceso a alimentos, educación y servicios básicos. El informe también destaca el tránsito irregular de 106.590 migrantes, mayoritariamente venezolanos, y un flujo migratorio inverso de 15.000 personas retornando desde el norte, enfrentando abusos, junto con la atención a más de 4.000 colombianos deportados desde Estados Unidos.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo urge a las autoridades implementar medidas inmediatas, como la activación de corredores humanitarios, el fortalecimiento del acompañamiento psicosocial con enfoque cultural, la habilitación de albergues temporales y la protección del derecho a la educación mediante la Ruta de Gestión Integral del Riesgo Escolar (GIRE). Estas acciones buscan mitigar el impacto de la crisis y garantizar los derechos de las poblaciones afectadas.
