El diputado del departamento de Arauca, Dumar Sebastián Sánchez, ha denunciado que la Resolución 0005 de 2023 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá un impacto negativo en los pequeños y medianos comerciantes de la región fronteriza. Esta normativa reduce el monto de mercancía que los ciudadanos pueden trasladar de Colombia a Venezuela a través del puente Internacional José Antonio Páez.
¿En qué consiste la resolución?
De acuerdo con la denuncia del diputado, la nueva regulación establece un límite de 2 millones 300 mil pesos por persona o familia en mercancía que se puede llevar hacia Venezuela, una reducción significativa en comparación con el límite anterior. Con esta medida, la DIAN modificó la Resolución 049 de 2019, que permitía trasladar hasta 4.6 millones de pesos en productos, es decir, de 93 UVT a 46 UVT.
Impacto en el comercio local
Los comerciantes de la frontera han manifestado su preocupación, ya que esta decisión afectaría directamente la dinámica económica de los municipios de Arauca que dependen del comercio con Venezuela. Para muchos negocios, la reducción en los montos permitidos para exportación informal representa una disminución en sus ingresos y limita la cantidad de productos que pueden vender en el país vecino.
Además, esta medida podría generar un incremento en el comercio ilegal o el contrabando, ya que muchas personas podrían optar por rutas no autorizadas para evadir la restricción. También se teme que los pequeños comerciantes pierdan competitividad frente a los grandes operadores comerciales, que sí pueden gestionar exportaciones formales con volúmenes mayores.
Posibles razones detrás de la medida
La DIAN ha justificado en el pasado regulaciones similares argumentando la necesidad de controlar el contrabando, garantizar el cumplimiento de normas tributarias y evitar la fuga de productos subsidiados por el gobierno colombiano hacia Venezuela. Sin embargo, sectores económicos y políticos han cuestionado este tipo de restricciones, argumentando que perjudican la economía local sin ofrecer soluciones alternativas para el comercio legal.
Aplicación de la norma y reacciones
La resolución entrará en vigor a partir del 10 de febrero de 2024 en el puente Internacional José Antonio Páez, lo que ha generado inquietud entre los comerciantes de la zona. Desde distintos sectores políticos y gremiales se espera un pronunciamiento de la DIAN que clarifique el alcance y los efectos de la medida, así como la posibilidad de establecer mecanismos que minimicen su impacto en la economía regional. El diputado Sánchez ha pedido al gobierno nacional y a la DIAN reconsiderar esta decisión y abrir un espacio de diálogo con los comerciantes fronterizos para buscar una solución que permita regular el comercio sin afectar a los pequeños y medianos empresarios.