Con esta iniciativa se avanza en el cumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz y del mandato popular recibido por el Gobierno del Cambio para que el campo cuente con una justicia especial que se ajuste a sus necesidades. _

El proyecto establece las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, como los relacionados con posesión y tenencia de la tierra, servidumbres agrarias, deslinde y amojonamiento de predios agrarios y los que surjan de las actividades de producción agrarias, entre otros. _

*Bogotá, 27 de agosto de 2024*

Los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino; de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, y del Interior, Juan Fernando Cristo, radicaron este martes ante el Congreso de la República el proyecto de ley ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia.

Con la norma, el Gobierno del Cambio avanza en el cumplimiento del mandato popular y del punto uno del Acuerdo de Paz, promoviendo instituciones y mecanismos de justicia ágiles y de fácil acceso para las poblaciones rurales en los que se puedan tramitar conflictos agrarios.

El proyecto de ley ordinaria radicado tiene como objetivo determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, como los relacionados con posesión y tenencia de la tierra, servidumbres agrarias, deslinde y amojonamiento de predios agrarios y los que surjan de las actividades de producción agrarias, entre otros.

Además, establece las reglas especiales para que los procedimientos judiciales sean expeditos y garantistas.

Esta iniciativa se convierte en el primer proyecto de ley presentado por el Gobierno del Cambio durante el actual periodo legislativo y tendrá su primer debate en la Comisión Primera del Senado.

El acto contó con el acompañamiento de congresistas y representantes de organizaciones campesinas, indígenas, afro y de derechos humanos.

Vea el acto de radicación del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria aquí.

*Un paso hacia el Acuerdo Nacional*

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que el proyecto “va de la mano con el plan de choque del Gobierno Nacional para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz en la segunda mitad de su mandato”.

Indicó que con la iniciativa se cumple con otro compromiso que hizo el presidente Gustavo Petro durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 20 de julio, en el sentido de que los proyectos que se radiquen sean socializados, buscando la mayor concertación posible con todas las bancadas.

Sostuvo que este proyecto es parte del “espíritu del Gobierno de construir un Acuerdo Nacional: que el primer punto del Acuerdo sea alrededor de hacer justicia con la gente que vive en el campo colombiano, con los millones de campesinos que están esperando que sus problemas allá, en el territorio, donde los viven, sean resueltos rápidamente y con base en la ley, sean resueltos por una autoridad especializada en la justicia agraria en Colombia”.

*El derecho a la tierra y a la semilla*

Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, expresó que este proyecto de jurisdicción agraria busca saldar la deuda histórica con la población rural, al “acercar la justicia a los territorios olvidados” y “unir el derecho a la justicia agraria al derecho a la dignidad y a la vida digna de los campesinos y comunidades étnicas”.

Precisó que el proyecto contiene herramientas que garantizan “el acceso a la justicia para evitar que los conflictos sean resueltos de manera violenta”, mediante principios de “derecho a la tierra y derecho a la semilla”.

“Lean ustedes el proyecto, asuman ustedes el proyecto y entiéndanlo desde una construcción jurídica” para que puedan ustedes asumir una posición y no sean influenciados frente a la desinformación”, pidió la ministra de Justicia al Congreso de la República.

*Esta es la más profunda apuesta por la paz*

A su vez, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, manifestó que con esta propuesta el Gobierno Nacional no solo está avanzando en la implementación del Acuerdo de Paz, sino que también está “cumpliendo un anhelo del pueblo colombiano de más de 90 años: que sean jueces de la República los que permitan hacer tránsito a los conflictos de la tierra”, sin la intervención de los actores violentos.

“Esta apuesta de la justicia agraria es la más profunda apuesta por la paz”, recalcó la ministra de Agricultura y sostuvo que, de esta manera, el Gobierno del Cambio hoy le dice al país que “podemos construir un acuerdo de todos y de todas por la paz de Colombia”.

“Los convocamos a defender nuevamente, quizá con más ahínco, con mayor amor, este proyecto, que es el proyecto de las campesinas y de los campesinos, que es el proyecto de la paz, que es el proyecto para que la tierra productiva en Colombia sea la potencia agroalimentaria”, puntualizó Martha Carvajalino.

*Logros en materia de normas agrarias*

Con la Jurisdicción Agraria, el Gobierno del Cambio no solo garantizará que las mujeres rurales, los pequeños y medianos productores y los miembros de grupos étnicos participen de las actuaciones judiciales que puedan afectar sus derechos, sino que, además, promueve la formación de especialistas en derecho agrario y el fortalecimiento de consultorios jurídicos.

Durante el actual Gobierno, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Justicia y del Derecho e Interior avanzaron hacia el cumplimiento del Acuerdo de Paz, logrando la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2023, que reformó la Constitución Política para incluir la Jurisdicción Agraria como parte de la rama judicial.

Asimismo, el Gobierno Nacional logró la aprobación de la Ley Estatutaria que reglamenta la estructura de la jurisdicción y establece los criterios para distribuir los jueces en todo el territorio nacional.

“El Ejecutivo confía en que el Congreso de la República tramite y apruebe prontamente esta ley para que la Jurisdicción Agraria sea una realidad”, indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado de prensa.

_Con información de los ministerios de Justicia, Agricultura e Interior. _

Representante Germán Rozo se reunió junto a otros congresistas con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, para solicitar el apoyo del gobierno nacional en la creación de la Agencia de Regulación Nuclear.

Esta entidad busca promover el uso pacífico y productivo de las aplicaciones nucleares en tratamientos médicos y el desarrollo industrial y comercial.

Actualmente preocupa que Colombia sea el único país de América Latina sin una agencia de regulación nuclear, lo que ha causado problemas graves, como la interrupción en el suministro de radiofármacos, afectando a pacientes con cáncer.

Rozo apoya firmemente este proyecto, liderado por la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, que cuenta con la colaboración de la sociedad civil, entidades nacionales, científicas y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

«Aplaudimos la voluntad del ministro Cristo de trabajar conjuntamente entre el gobierno y el poder legislativo para que esta importante iniciativa se concrete con éxito». Sostuvo el congresista.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros (2020 – 2021), así como a otras cinco personas, por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar – PAE – durante la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del covid-19, que habrían generado un sobrecosto global de 1.783 millones de pesos.

Los otros afectados por el pliego de cargos son los exsecretarios de Educación del departamento, William Arévalo Quintero (2020 – 2021) y Maricel Ortiz Ramírez (2021) hoy día diputada; el exgerente de Contratación (e), Uriel Niño López (2020 – 2022); el supervisor del contrato, Holman Jefrey Ruiz Puerta, y la representante legal de Invida SAS, encargada de la interventoría, Diana Susi Mahecha Herrera.

Al parecer, el contrato para el suministro de los alimentos se habría firmado sin que previamente se exigieran estudios técnicos y financieros precisos, serios y completos que justificaran el valor de las raciones, lo que ocasionó el sobreprecio que se habría pagado durante la ejecución de los trabajos.

Solo en el valor de las raciones para preparar en casa entregadas por el contratista entre los meses de abril de 2020 y 2021, el órgano de control encontró un posible sobrecosto de 898 millones de pesos.

Adicionalmente se habrían presentado otras posibles irregularidades en la publicidad dada al contrato, así como en el trámite y ejecución de las modificaciones y adiciones de valor incluidas.

Para el órgano de control, la existencia de los presuntos sobreprecios pone de presente que en la firma del contrato no se “privilegió la necesidad de maximizar el uso eficiente de los recursos públicos con los que se financiaría el suministro del complemento alimentario para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, que son sujetos de protección especial por parte del Estado”.

Por esos hechos, el Ministerio Público señaló que con su aparente conducta los investigados habrían vulnerado los principios de economía y responsabilidad en la contratación estatal, y profirió dos cargos disciplinarios contra el entonces gobernador Castillo Cisneros y los exsecretarios de despacho Arévalo Quintero y Ortiz Ramírez, los cuales fueron calificados como faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima.

En contra de Uriel Niño López se profirieron cargos por dos faltas gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima, la primera, y grave, la segunda. A la interventora Diana Susi Mahecha Herrera le profirió dos cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas a título dolo.

Finalmente, en contra del supervisor, Holman Jefrey Ruiz Puerta, se dictaron tres cargos, dos de ellos calificados como faltas gravísimas con culpa grave, y la tercera falta grave con culpa grave.

El presidente Gustavo Petro denunció este viernes en San Basilio de Palenque (Bolívar) “el inmenso robo que existió en Colombia: alrededor de 9,1 billones, bi con b larga, de pesos hemos encontrado robados en los OCAD Paz y en el sistema de regalías en Colombia, y apenas hemos analizado el 20%del sistema”.

Durante su participación en el acto del compromiso del Gobierno del Cambio con la reparación integral y la superación del rezago en la garantía de los derechos de las comunidades palenqueras, el mandatario dijo que “el director Nacional de Planeación, el compañero Alexander López, debe estar haciendo la denuncia”, sobre los hallazgos de corrupción.

En su intervención, el presidente Petro aseguró que debido a esto es que “no hay acueducto en San Basilio, no hay PTAR para limpiar el río, no hay alcantarillado y si hacemos el listado prácticamente todo el Caribe y buena parte de la Colombia pobre no tienen los recursos existenciales para vivir, que es lo mínimo: el agua potable”.

“Carreteras sí pasan por ahí, cuatro calzadas llenas de peajes a la lata, porque es un negocio de los banqueros; esas obras van rápido, las paga la nación y, entonces, como la nación no tiene plata para todo por estar pagando las carreteras del negocio, no está pagando los acueductos ni los alcantarillados de la gente humilde de Colombia, cuando esa debería ser la prioridad”, enfatizó.

Sustentó además que “¿saben ustedes por qué devuelven un proyecto a la comunidad? Porque no hay CVY (cómo voy yo), porque no va el contratista. La politiquería se adueña de los recursos”.

Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro sostuvieron ayer y hoy (23 y 24/8) conversaciones telefónicas sobre el tema de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Ambos presidentes siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral sólo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables. 

La normalización política de Venezuela requiere el reconocimiento de que no existe una alternativa duradera al diálogo pacífico y a la convivencia democrática en la diversidad. 

Los dos presidentes llaman a todos los involucrados a evitar recurrir a actos de violencia y represión.

Como países vecinos directamente interesados en la estabilidad de Venezuela y de la región, y testigos de los Acuerdos de Barbados, Brasil y Colombia mantienen abiertos sus canales de comunicación con las partes y reiteran su disposición a facilitar el entendimiento entre ellas.

Brasil y Colombia toman nota de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela sobre el proceso electoral. Reiteran que siguen aguardando la difusión, por parte del Consejo Nacional Electoral, de las actas desglosadas por mesa de votación. Cabe recordar los compromisos asumidos por el gobierno y la oposición mediante la firma de los Acuerdos de Barbados, cuyo espíritu de transparencia debe ser respetado.

Manifiestan también su total oposición a la continuada aplicación de sanciones unilaterales como instrumento de presión. Comparten el entendimiento de que sanciones unilaterales son contrarias al derecho internacional y perjudican la población de los países sancionados, en especial a los sectores más vulnerables.

la Curul de Paz Karen Manrique realizó una intervención para tratar importantes temas como:•

La importancia de que el Plan de Extensión Agropecuaria de Arauca se enfoque en la población campesina del departamento.•

La disminución de los recursos de vivienda y agricultura en la propuesta presentada para el Presupuesto General de la Nación 2025.•

La reforma a la Ley 731 de 2002, para mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales.