El 13 de enero de 2025, a las 10:00 a.m., los ministros y miembros del gabinete del gobierno colombiano se dieron cita en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional en Bogotá para participar en una importante reunión de planeación estratégica para el año 2025. Este encuentro busca establecer las metas y objetivos que guiarán la gestión del gobierno en los próximos meses, con un enfoque en la eficiencia y la respuesta a las necesidades del país.

Durante la mañana del lunes, los ministros trabajaron de manera conjunta con sus equipos de asesores para realizar los últimos ajustes a las presentaciones que se expondrían ante el presidente Gustavo Petro. Cada cartera presentó sus avances y los desafíos que enfrentan, creando un espacio de diálogo que fomenta la colaboración entre las diversas áreas del gobierno y asegurando que todos estén alineados en la visión estratégica del país.

La reunión, que se extendió hasta el martes 14 de enero, culminó con una sesión liderada por el presidente Gustavo Petro, donde se definieron las prioridades y lineamientos que guiarán la agenda del gobierno. La directora de DAPRE, Laura Camila Sarabia, junto a otros ministros y funcionarios, presentó las conclusiones de este encuentro, subrayando la importancia de trabajar en equipo para enfrentar los retos que se avecinan y garantizar un desarrollo sostenible para Colombia.

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Arauca, Arauca. 14 de enero de 2025. Prosperidad Social continúa su labor en el departamento de Arauca con la construcción de cuatro Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), que tienen como objetivo mitigar el hambre y brindar apoyo integral a comunidades vulnerables. La directora regional de la entidad, Shirley Tatiana Barbosa Ortega, destacó que estos PAS facilitarán el acceso a alimentos y servicios esenciales, incluyendo comedores y cocinas comunitarias, distribución de Bienestarina, y locales comerciales.

La implementación de los PAS es parte de un esfuerzo más amplio por parte de Prosperidad Social, que ha atendido a más de 46 mil hogares a través de diversos programas, tales como Renta Ciudadana, Devolución de IVA, Renta Joven y Colombia Mayor. Estos esfuerzos buscan enfrentar la pobreza y reducir la desigualdad en la región, beneficiando especialmente a familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo más de 500 hogares étnicos con enfoque diferencial.

El modelo de los PAS se ha diseñado para adaptarse a las necesidades del territorio, garantizando un manejo que promueva el desarrollo económico local. Este modelo incluirá un centro de acopio, áreas de venta de mercado y un espacio para la distribución gratuita de alimentos, facilitando así el acceso a productos esenciales y mejorando las condiciones de vida de las comunidades participantes.

Con una inversión total de 520.000 millones de pesos a nivel nacional, la construcción de estos Puntos de Abastecimiento Solidario se llevará a cabo en un plazo estimado de 10 meses. Prosperidad Social reafirma su compromiso con la lucha contra el hambre y la promoción de la inclusión social, apoyando así el desarrollo sostenible en el departamento de Arauca.

En Aguachica, y mata oscura, las comunidades locales expresan su preocupación por el lento progreso de dos obras de pavimentación que llevan más de un año en ejecución y presentan un avance inferior al 30 por ciento. Estas mejoras en infraestructuras viales son cruciales para la seguridad y el desarrollo de la región, pero la falta de información y acción por parte de los contratistas responsables ha generado frustración en los habitantes.

Uno de los proyectos en cuestión es la pavimentación de la vereda Mata Oscura, que contempla la mejora de 5 kilómetros de camino. A pesar de las expectativas iniciales, los trabajos han estado parados, dejando las alcantarillas en un estado incompleto y representando un peligro para los transeúntes. La comunidad se encuentra preocupada por la falta de respuesta de las autoridades sobre por qué no se han reanudado los trabajos.

La segunda obra, que conecta el centro poblado de Aguachica con el centro poblado el Oasis, ha permanecido inactiva durante más de 9 meses. Los residentes de la zona están ansiosos por obtener información sobre la causa de esta paralización, tanto para los trabajos de reparación de la vía como para el desarrollo de la pavimentación necesaria. Este proyecto es esencial para el acceso y la movilidad de los habitantes.

Ante esta situación, los ciudadanos esperan que tanto los contratistas a cargo como las entidades interventoras brinden respuestas claras y efectivas sobre el estado de estas obras. La falta de comunicación ha contribuido al descontento de la comunidad, que exige atención a sus inquietudes y una pronta reactivación de los trabajos.

Es vital que se restablezca el diálogo entre las autoridades y los habitantes para abordar estas deficiencias en la infraestructura vial. La comunidad de Aguachica y mata oscura y de las veredas afectadas, merece conocer el estado real de las obras y recibir un plan claro de acción que garantice la finalización de los proyectos, asegurando así la seguridad y el bienestar de todos sus residentes.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yulensys Andreina León Garrido y José Ángel Reyes Peña, por su presunta responsabilidad en realizar exigencias económicas a una
comerciante en Arauca.

En ese sentído, un fiscal delegado ante jueces del circuito de Arauca los imputó por el delito de extorsión agravada. El cargo no fue aceptado.
La pareja fue denunciada por una comerciante que estaba siendo víctima de amenazas, vía telefónica y por mensajes instantáneos, de atentar contra su vida y la de su familia sino
pagaba una suma millonaria de dinero.

Los investigadores del Gaula acordaron una entrega controlada del dinero el pasado 8 de enero, en un sector cercano al Hospital de San Vicente. Los hoy procesados llegaron en una motocicleta para el encuentro con la víctima y recibieron el dinero producto de la extorsión.

En ese momento, uniformados del Gaula Militar y de la Policía capturaron a la mujer, mientras funcionarios del Cuerrpo Técnico de Investigación (CTI) interceptaban a Reyes Peña, quien pretendía emprender la fuga en el vehículo.

Durante la diligencia judicial, fueron incautados dos celulares, dinero en efectivo, una motocicleta, un simcard y una memoria.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, decisión que fue apelada por la Fiscalía.

Fuente: Carmen Rosa Pabón (Periodista)

En un escándalo que sacude a las Fuerzas Militares, soldados activos y suboficiales del Ejército colombiano han sido detenidos bajo la acusación de vender armamento a grupos disidentes de las Farc. Este caso se suma a otros incidentes recientes que ponen en evidencia la penetración del crimen organizado en las instituciones militares.

El 12 de diciembre de 2024, se detuvo a tres suboficiales tras descubrirse que generaban una renta anual de entre $1.300 y $2.000 millones de pesos a través de la venta de armas y municiones a las disidencias. Las capturas se efectuaron en diversas instalaciones militares en Cali, Bogotá y Tolemaida, donde estos oficiales fueron señalados por el delito de tráfico de armas.

Dos días después, tres suboficiales —el sargento viceprimero José Arturo Cavarique Acosta, el sargento segundo Jhorman Francisco Torres Parra y el suboficial José Arturo López Astudillo— fueron aprehendidos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) tras reunir evidencias de su implicación en la venta de armamento a organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Estos uniformados habrían estado extrayendo aproximadamente 40.000 cartuchos mensuales de las instalaciones militares, los cuales eran enviados a diferentes departamentos del país ocultos en vehículos de transporte público.

Las acusaciones y las evidencias recopiladas ponen de manifiesto la gravedad de la situación que enfrenta el Ejército colombiano, signos de corrupción que amenazan con socavar la confianza en las Fuerzas Militares y la seguridad nacional.