La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros (2020 – 2021), así como a otras cinco personas, por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar – PAE – durante la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del covid-19, que habrían generado un sobrecosto global de 1.783 millones de pesos.
Los otros afectados por el pliego de cargos son los exsecretarios de Educación del departamento, William Arévalo Quintero (2020 – 2021) y Maricel Ortiz Ramírez (2021) hoy día diputada; el exgerente de Contratación (e), Uriel Niño López (2020 – 2022); el supervisor del contrato, Holman Jefrey Ruiz Puerta, y la representante legal de Invida SAS, encargada de la interventoría, Diana Susi Mahecha Herrera.
Al parecer, el contrato para el suministro de los alimentos se habría firmado sin que previamente se exigieran estudios técnicos y financieros precisos, serios y completos que justificaran el valor de las raciones, lo que ocasionó el sobreprecio que se habría pagado durante la ejecución de los trabajos.
Solo en el valor de las raciones para preparar en casa entregadas por el contratista entre los meses de abril de 2020 y 2021, el órgano de control encontró un posible sobrecosto de 898 millones de pesos.
Adicionalmente se habrían presentado otras posibles irregularidades en la publicidad dada al contrato, así como en el trámite y ejecución de las modificaciones y adiciones de valor incluidas.
Para el órgano de control, la existencia de los presuntos sobreprecios pone de presente que en la firma del contrato no se “privilegió la necesidad de maximizar el uso eficiente de los recursos públicos con los que se financiaría el suministro del complemento alimentario para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, que son sujetos de protección especial por parte del Estado”.
Por esos hechos, el Ministerio Público señaló que con su aparente conducta los investigados habrían vulnerado los principios de economía y responsabilidad en la contratación estatal, y profirió dos cargos disciplinarios contra el entonces gobernador Castillo Cisneros y los exsecretarios de despacho Arévalo Quintero y Ortiz Ramírez, los cuales fueron calificados como faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima.
En contra de Uriel Niño López se profirieron cargos por dos faltas gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima, la primera, y grave, la segunda. A la interventora Diana Susi Mahecha Herrera le profirió dos cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas a título dolo.
Finalmente, en contra del supervisor, Holman Jefrey Ruiz Puerta, se dictaron tres cargos, dos de ellos calificados como faltas gravísimas con culpa grave, y la tercera falta grave con culpa grave.
