El recrudecimiento del conflicto armado en el departamento de Arauca, en el primer semestre del año, debe llamar la atención del alto gobierno y las autoridades departamentales y locales, por cuanto el número de personas desaparecidas ascendió a 73, es decir, 38 más que en el mismo periodo del año anterior. A la cruda situación se suma, como lo reportó días atrás la Defensoría del Pueblo, al menos 78 homicidios.
No obstante, es tan crítico lo que está ocurriendo, que durante todo el 2023 la Defensoría tuvo conocimiento de la desaparición de 113 personas, de 37 aún no tiene conocimiento de su paradero. Y en el caso del 2024, de 29 aún desconoce su suerte. Uno de los más recientes casos, ocurrido el 6 de mayo pasado, fue el del ganadero Uriel Parales, de 64 años, que habría sido secuestrado en el municipio de Cravo Norte y de quien hasta el momento no se tiene información alguna. En otras palabras, en el último año y medio no se sabe nada de 66 personas, a quienes sus familias, con esperanza y fe, aún siguen esperando.
Para la entidad, es de suma preocupación las graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) cometidas por los grupos armados al margen de la ley que delinquen en el departamento, como el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, con el accionar de su Comando Conjunto de Oriente, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su Frente de Guerra Oriental.
𝐄𝐥 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚 ‘𝐣𝐮𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬’
De acuerdo con la información entregada por los familiares de las víctimas, las personas serían identificadas y abordadas por sujetos armados que, mediante intimidación, las someten y se las llevan con rumbo desconocido. En la mayoría de los casos serían sometidas a ‘juicios’ que incluirían torturas y castigos, con el fin de comprobar o descartar si hacen parte de o colaboran con otro grupo armado contendor. En otros casos, las motivaciones de las retenciones podrían ser económicas o extorsivas.
Adicionalmente, la Defensoría tiene conocimiento de que existe un subregistro importante de desapariciones, pues los familiares se niegan a hacer las respectivas denuncias ante las autoridades, por temor a represalias de los captores. También ha conocido que se arriesgan a hacer acercamientos en privado, con tal de tener información de sus seres queridos y lograr su regreso a casa, sanos y salvos.
La desaparición forzada, como práctica atroz en el desarrollo del conflicto armado, además de que se constituye en una evidente violación a los derechos humanos, se convierte en crimen de lesa humanidad cuando es cometida de manera generalizada o pasa a ser una práctica sistemática, como está sucediendo en Arauca.
𝐋𝐨𝐬 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨𝐬 𝐚𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫 𝐚 𝐭𝐚𝐧 𝐜𝐫𝐮𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐲 𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨, 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐫.
El Comando Conjunto de Oriente y el Frente de Guerra Oriental, como llamado de la Defensoría del Pueblo, deben ponerle fin a tan violenta práctica, la cual subyuga a la población civil, produce terror y causa sufrimiento a las familias de los afectados y la sociedad en general, además de que es constitutiva de vulneraciones a los derechos a la libertad, la seguridad, la vida, entre otros.
A las instituciones del Estado les solicita prestarle atención especial a la compleja situación de orden público que sigue viviendo el departamento, con el encaminamiento de acciones que permitan mitigar sus efectos, los cuales vulneran los derechos de las comunidades e infringen el DIH.
La entidad nacional garante y protectora de los derechos humanos, atendiendo a su espíritu misional, reitera la disposición de sus canales humanitarios para que mujeres y hombres reportados como desaparecidos, sin importar las pretensiones de quienes los puedan tener en su poder, regresen lo más pronto posible al seno de sus hogares.
En aeronave C-208 Caravan fue trasladada menor indígena hasta Yopal, Casanare
Atendiendo al llamado del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de la Gobernación de Casanare, la Fuerza Aérea Colombiana realizó un traslado aeromédico de una menor de edad perteneciente al resguardo indígena del pueblo Amorúa, Caño Mochuelo, ubicado en Cravo Norte, departamento 
Este exitoso traslado aeromédico demuestra una vez más el esfuerzo constante y el compromiso de la Fuerza Aérea Colombiana en situaciones de emergencia, respondiendo al llamado de quienes más lo necesitan.
De la norma que entra en vigencia este domingo se exceptúan tres plásticos: Bolsas para productos de origen animal, productos húmedos o que requieran refrigeración; bolsas para productos médicos que necesitan protección, y bolsas para productos químicos que pongan en riesgo la salud de las personas._
